Estados Unidos ha iniciado una amplia campaña para desmantelar la amenaza que la Corte Penal Internacional (CPI) representa para la soberanía estadounidense.
En un comunicado del Departamento de Estado se afirma que esta campaña incluirá una respuesta coordinada de todo el Gobierno estadounidense para debilitar sistemáticamente la capacidad de la CPI para funcionar, atacar a militares o funcionarios estadounidenses, o amenazar de cualquier otra manera la soberanía estadounidense.
«La CPI representa una amenaza inaceptable para la soberanía de Estados Unidos: afirma tener autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan al servicio del interés nacional de Estados Unidos», señala la declaración del Departamento de Estado.
Se destaca que los estadounidenses nunca han aceptado algo así y que todos los presidentes estadounidenses desde la ratificación del Estatuto de la CPI han sostenido que este tribunal no tiene jurisdicción sobre los ciudadanos estadounidenses.
«Anteriormente, la CPI abrió una investigación contra militares y oficiales de inteligencia estadounidenses y desde entonces se ha negado a cerrar estos casos», afirma el comunicado.
Según el Departamento de Estado, la CPI pretende ahora convertirse en un árbitro mundial sin rendición de cuentas.
«No se descartará ninguna opción diplomática en la campaña para desmantelar la amenaza que la CPI representa para los estadounidenses».
El Departamento también ha dado a conocer las medidas que adoptará en esta campaña:
- Llamadas y contactos diplomáticos del secretario de Estado, el subsecretario, los embajadores y otros miembros de alto rango del liderazgo con países extranjeros, para destacar los abusos de la CPI y los riesgos que representa para los estadounidenses y otros países, y pedirles que se retiren de la CPI.
- Se insta a los países que cooperan con las fuerzas estadounidenses del orden y las fuerzas armadas estadounidenses, o que se benefician del paraguas de seguridad de Estados Unidos, a rechazar la autoridad que la CPI se atribuye para procesar a funcionarios y militares estadounidenses.
- Mayor atención y escrutinio de los países que se niegan a rechazar la falsa autoridad de la CPI mientras siguen dependiendo de la ayuda estadounidense.
- Contactos diplomáticos para pedir a otros países que, como Estados Unidos, no son parte del Estatuto de Roma, que utilicen sus redes diplomáticas para adoptar medidas similares junto con Estados Unidos.
- Revocación de visados y prohibiciones de viaje para el personal de la CPI.
- Ampliación de las sanciones contra la CPI y las organizaciones vinculadas a ella.
La nueva campaña no es la primera medida que Estados Unidos adopta con respecto a la CPI.
11 jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional han sido sancionados anteriormente por Estados Unidos. Entre ellos se encuentra Nicolas Guillou, el juez de instrucción que había confirmado la acusación contra los líderes del ELK, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi y Jakup Krasniqi.
Guillou había hablado con el periódico francés «Le Monde» sobre el impacto de estas medidas en su trabajo y su vida cotidiana.
«Prohíben a cualquier persona o entidad estadounidense, a cualquier individuo o empresa, así como a sus filiales extranjeras, prestarme servicios. Se han cerrado todas mis cuentas con empresas estadounidenses, como Amazon, Airbnb, PayPal, etc. Por ejemplo, hice una reserva en Expedia para un hotel en Francia y, unas horas más tarde, recibí un correo electrónico de la empresa que anulaba mi reserva, mencionando estas sanciones. En la práctica, ya no se puede hacer negocios en línea porque no sabes si el paquete que contiene tu producto es estadounidense. Estar sancionado es como volver a los años noventa», declaró al prestigioso periódico francés.
Para Guillou, la «pesadilla» no termina ahí. También figura en la lista negra de las compañías bancarias, la mayoría de las cuales funcionan con sistemas internacionales originados en Estados Unidos.
«En este ámbito, las sanciones adquieren un carácter aún más intrusivo. Algunos bancos, aunque no sean estadounidenses, cierran las cuentas de las personas sancionadas. Se prohíbe toda transacción bancaria realizada con una persona o entidad estadounidense, o efectuada en dólares, o mediante una moneda que utilice el dólar para la conversión. En la práctica, los bancos de gran parte del mundo te ponen en una lista negra. Además, todos los sistemas de pago son estadounidenses: American Express, Visa, Mastercard. De la noche a la mañana, te quedas sin tarjeta bancaria, y estas empresas tienen un monopolio casi total, al menos en Europa. Todas las empresas estadounidenses se han movilizado para intimidar a las personas sancionadas, que en este caso son los jueces y fiscales que trabajan para respaldar la justicia en los conflictos armados contemporáneos. Y es importante saber que estas medidas pueden mantenerse durante más de una década, o incluso más. Someter a las personas a sanciones las sume en un estado constante de ansiedad e impotencia, con el objetivo de desalentarlas», añadió.
Más o menos lo mismo le ocurre a una colega suya.
«Las sanciones han tenido y siguen teniendo un impacto real en mi vida. Como personas sancionadas, ni nosotros ni los miembros de nuestras familias podemos viajar a Estados Unidos. Mis colegas [de la CPI] que tienen bienes en Estados Unidos han visto cómo se congelaban esos bienes. Como persona sancionada, ya no tengo acceso a productos y servicios estadounidenses, ni siquiera en Europa. Mi Apple ID, iCloud, Amazon, Airbnb, PayPal y otras cuentas han sido bloqueadas o canceladas. Todas estas cancelaciones se produjeron de la noche a la mañana, sin previo aviso», afirma Beti Hohler, jueza de la Corte Penal Internacional.
La CPI fue fundada en 2002 por la comunidad internacional para procesar los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Su sede oficial está en La Haya.
Solo ejerce jurisdicción si un Estado miembro no puede o no quiere procesar por sí mismo los delitos graves. Estados Unidos nunca ha sido miembro de este tribunal. Sin embargo, informa Reuters, el Estatuto de la CPI le otorga la competencia para procesar los delitos graves cometidos en el territorio de los Estados miembros por ciudadanos de países que no son miembros.









