La Operación Tormenta en Croacia duró apenas casi cuatro días, pero el Estado necesitó casi dos décadas para hacer frente a la tormenta que le llegó desde La Haya.

Ante Gotovina, Mladen Markac e Ivan Cermak fueron acusados de crímenes de guerra en virtud de la doctrina de la Empresa Criminal Conjunta.

Estos tres hombres habían liderado en su día a Croacia en la guerra por la independencia frente al régimen de Milošević, pero en tiempos de paz le tocó al Estado cubrirles las espaldas.

Para Croacia, la acusación y una eventual condena cambiaban la narrativa de la guerra por la libertad y la verdad histórica.

Los archivos de la época, los documentos del Tribunal para la ex Yugoslavia y la Ley estadounidense de Registro de Agentes Extranjeros demuestran que, además de gastar decenas de millones en la defensa, el Estado se centró directamente en el proceso y en el cabildeo diplomático.

En 2006, cuando los generales ya tenían una acusación y esperaban el inicio del juicio, el Gobierno croata encargó a la Academia de Ciencias un estudio sobre el concepto de la Empresa Criminal Conjunta y la Operación Tormenta, con el fin de cuestionar la narrativa de la fiscalía.

Croacia envió el mismo estudio al Tribunal mediante un escrito, ante la Sala de Primera Instancia, con el objetivo de ayudar al Tribunal a interpretar las circunstancias políticas y fácticas de aquella época.

El Tribunal rechazó esta solicitud de Croacia, pero el Estado no se rindió y envió el expediente al presidente del Tribunal, Patrick Robinson.

En 2011, Ante Gotovina y Mladen Markač fueron condenados a 24 años de prisión, se confirmó la Empresa Criminal Conjunta para la Operación Tormenta y esto conmocionó a Croacia.

La Sala de Primera Instancia consideró que todo proyectil que hubiera caído a más de 200 metros del objetivo previsto debía considerarse un ataque contra civiles.

La entonces primera ministra croata, Jadranka Kosor, anunció inmediatamente después del veredicto una firme ofensiva diplomática y jurídica.

Una vez más, Croacia solicitó presentar una moción ante la Sala de Apelaciones para exponer la verdad sobre la operación, pero volvió a ser rechazada.

Después entró en escena un equipo de 12 expertos internacionales, en su mayoría militares, que presentó un escrito ante la Sala de Apelaciones, pues quería defender la Operación Tormenta en relación con el criterio de los 200 metros.

Según ellos, este criterio se apartaba de la práctica habitual, porque en la artillería militar no siempre un proyectil cae exactamente en el objetivo.

Los jueces rechazaron también este intento y la fiscalía se opuso a él, pero Croacia no se rindió.

La batalla jurídica y política se trasladó a los Estados Unidos de América.

Según la base de datos estadounidense de agencias de cabildeo, la empresa Patton Boggs fue contratada por Croacia para oponerse, ante congresistas y senadores estadounidenses, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y otras agencias, a la condena de Gotovina y a la criminalización de la Operación Tormenta.

En decenas de reuniones, el argumento principal fue precisamente este criterio de los 200 metros, ya que, según ellos, podía implicar directamente también al personal militar estadounidense durante operaciones de combate, humanitarias y de mantenimiento de la paz.

Al final, Croacia ganó la Operación Tormenta en el terreno, en los tribunales y en la diplomacia.

Gotovina y los demás regresaron a su patria.

Pero los dirigentes del Ejército de Liberación de Kosovo no tuvieron la misma suerte.

El propio ELK tampoco la tuvo.

No regresó a su patria.

Quedó encarcelado en La Haya mediante una sentencia escandalosa que criminaliza al ELK en sus objetivos, sus métodos y su estructura política y militar.

El Estado sabía que esto podía ocurrir, porque vio la acusación que reescribía la historia de Kosovo y el escandaloso proceso judicial, con violaciones constantes y un enfoque político.

Pero se mantuvo como espectador, alardeando de los varios millones que pagó a los abogados, una suma que mencionó más como un ataque contra los cuatro del ELK que como un acto necesario.

Y así sigue comportándose también después del 16 de septiembre: como espectador.

Frente a la indignación popular y a la sentencia absurda, el Estado pide calma y alimenta el debate con resoluciones en la Asamblea, cuyo contenido y efecto desaparecen al día siguiente.

Croacia luchó para que su historia no se escribiera únicamente en La Haya.

Kosovo, por su parte, está dejando que La Haya escriba su historia en silencio, con una narrativa escandalosa cuyo origen está en Belgrado.