Es julio de 2026.
En un proceso de excavación sumamente delicado, no hubo nadie del gabinete de Albin Kurti que no saliera al terreno.
Declaraciones breves de Albulena, Xhelal y Donika.
Incluso, en algunos casos, se dieron detalles sobre el proceso sin la aprobación de las instituciones que lo dirigían.
La Fiscalía Especial.
Y después de casi tres años de investigaciones, el resultado fue extraordinario.
En Zubin Potok se encontraron restos mortales de 23 personas.
Las primeras sospechas apuntaban a que podían pertenecer a los miembros del llamado «Grupo de Intelectuales», personas que habían desaparecido el 19 de abril de 1999.
Pero mientras la investigación seguía su curso, se desarrollaba públicamente otra batalla: la de atribuirse el mérito de este descubrimiento.
El Ejecutivo intentaba constantemente vincular este resultado con las acciones de las instituciones del Gobierno.
«El descubrimiento de tres fosas comunes se ha producido como resultado de una investigación intensiva de nuestras instituciones, precedida por la extensión de la soberanía del Estado también al norte de nuestro país, la aplicación del Estado de derecho, la cooperación interinstitucional y la cooperación entre la ciudadanía y las instituciones de Kosovo», había declarado el ministro del Interior.
Pero la investigación no terminó con el hallazgo de los restos mortales.
Durante los análisis forenses, Idriz Rrecaj, una de las personas desaparecidas durante la guerra en Kosovo, fue identificado entre los restos hallados.
Y justo cuando la identificación daba nombre a una de las personas desaparecidas, el caso entró en otra fase.
Por orden de la Fiscalía Especial, nueve personas fueron arrestadas bajo sospecha de estar implicadas en crímenes de guerra cometidos en Kosovo.
De nuevo, la misma saga.
Los subordinados de Albin Kurti respaldaron este paso, pero sin mencionar en ningún momento a la Fiscalía Especial.
Pero ¿cómo respaldarla ahora, si durante todo su mandato atacaron brutalmente a esta institución?
Es más, precisamente porque fueron Blerim Isufaj y otros fiscales quienes presentaron la histórica acusación por la masacre cometida por las fuerzas serbias en el barrio de los Jashari, en Prekaz, los días 5, 6 y 7 de marzo de 1998, nadie del Gobierno reaccionó ni expresó su apoyo.
Qué vergüenza.
Pero quizá haya llegado el momento de que el Gobierno de Kosovo comprenda que su papel no consiste en atribuirse el mérito del trabajo de las instituciones independientes, sino en crear las condiciones y las estrategias que les faciliten su labor.








