Más grave y equivocada que la reparación en Serbia de los vagones de Kosovo, apenas unos meses después de que Serbia intentara anexionarse una parte de Kosovo, puede ser la justificación de Artane Rizvanolli.

“La selección del subcontratista en Serbia no la hizo Trainkos. De hecho, según la ley actual de Contratación Pública, la empresa pública no puede intervenir en la selección de los subcontratistas. El operador privado adjudicatario de la licitación ha declarado que solo el subcontratista seleccionado podía reparar los vagones.”

En pocos segundos, un cúmulo de falsedades e hipocresías, pero también material valioso para la fiscalía sobre la licitación de 423 mil euros. 

Con una arrogancia descomunal, Rizvanolli está diciendo que el Estado de Kosovo, pocos meses después del ataque terrorista de Banjska, en el que murió un policía kosovar y se atentó contra el orden constitucional, no tenía la posibilidad ni el derecho de anular una licitación cuyo ejecutor y principal beneficiario es Serbia y sus empresas.

¿Cómo pudo el Estado de Kosovo, con tanta facilidad, cinco meses después de que los terroristas de Serbia entraran en Kosovo en camionetas cargadas de armas, confiar la reparación de cinco vagones, propiedad del Estado y al servicio de los ciudadanos, a una empresa de Serbia?

En el Estado que, hace 27 años, también con vagones de tren, expulsó a casi 1 millón de ciudadanos.

¿Se ha interesado alguna vez el Gobierno, ha preguntado o investigado si la empresa serbia Sinvoz ha prestado servicios y realizado trabajos para el ejército de Serbia? 

Es absurdo escuchar a una ministra-diputada que no sabe y que, curiosamente, tampoco ha investigado quién más en la región, Croacia o Eslovenia, por ejemplo, repara vagones, mientras rechaza con gran entusiasmo el gas estadounidense y se presenta como si supiera mucho sobre de dónde viene ese gas, cuánto cuesta, si resulta rentable y quién está detrás.

Resulta ridículo cuando Rizvanolli habla de independencia institucional y de no injerencia, cuando ella intervenía encantada en los procedimientos de contratación del director ejecutivo de Ibër-Lepenc.

De hecho, está totalmente claro que este proceso de reparación no se llevó a cabo por ingenuidad, ni por la imposibilidad de seguir los procedimientos ni por respetar las leyes.

TrainKos y el Gobierno sabían desde el principio que la reparación se haría en Serbia. Y eso se haría de forma ilegal.

En la Ley de Contratación, en el Reglamento de Contratación Pública, en el anuncio de apertura de la licitación para la reparación, el 15 de febrero de 2024, y en el contrato entre TrainKos y Profitech, uno de los criterios obligatorios es que el licitador declare al subcontratista, los trabajos que este realizará y la ubicación del taller.

Además, en el contrato entre TrainKos y Profitech se indica que toda subcontratación debe ser aprobada por la autoridad contratante, en este caso, la empresa TrainKos.

Si la empresa ganadora de la licitación, Profitech sh.p.k., declaró como subcontratista a la empresa Sinvoz, de Zrenjanin, Serbia, al presentar su solicitud, las autoridades kosovares sabían y aprobaron la reparación en Serbia y, a pesar de la situación de entonces, actuaron desvergonzadamente y la aprobaron a espaldas del público.

Pero aquí parece que las cosas se desarrollaron de otro modo y de forma ilegal en varios sentidos.

En el contrato entre TrainKos y Profitech no figura en ninguna parte el subcontratista, en este caso Sinvoz, de Zrenjanin, aunque era un criterio obligatorio.

El Reglamento de Contratación Pública prohíbe la subcontratación durante la ejecución del contrato.

Si la empresa ganadora no declaró al subcontratista, sino que lo consiguió después de la licitación, ¿cómo se le permitió hacerlo?

De las declaraciones de la ministra se desprende que el principal ejecutor, en realidad responsable de casi el 100 % de los trabajos, fue Sinvoz, en Serbia.

Atención, porque esto es ilegal.

El Reglamento de Contratación especifica claramente que el subcontratista no puede superar el 40 % del valor del contrato, de los trabajos y de los recursos financieros.

Mientras todo este episodio se desarrollaba entre bastidores, el Gobierno confiaba los vagones a Serbia y pagaba por el servicio; en público se difundía retórica populista, mientras se pedía a Occidente que sancionara a Serbia.

En todo este cúmulo de mentiras e hipocresías, hay varias verdades innegables.

El Estado sabía y aprobó la reparación en Serbia, cinco meses después de la brutal agresión en el norte.

Y lo hizo mediante métodos y procedimientos ilegales.

Si para este poder lo más importante fue reparar varios vagones en 2024, en lugar de la dignidad del Estado, hoy es indispensable y digno que la fiscalía investigue y repare todo este proceso, si es independiente, por supuesto.