Toby Cadman, exabogado de Nasim Haradinaj, ha vuelto a escribir sobre el trabajo de las Salas Especializadas, criticándolas duramente por sus reuniones secretas con los donantes, los debates que tuvieron lugar en ellas y el enfoque de las Salas respecto a un informe británico que ha encontrado graves denuncias de violaciones de los derechos de los acusados.

A continuación, la traducción no oficial del artículo:

Cuando se crearon las Salas Especializadas de Kosovo («Salas Especializadas»), la promesa era sencilla y seria. Un tribunal compuesto por jueces internacionales, ubicado lejos de Pristina, en La Haya, juzgaría las acusaciones más graves derivadas del conflicto de 1998–1999, libre de la intimidación, la interferencia con los testigos y la presión política que habían hecho fracasar los intentos anteriores de exigir responsabilidades. El aislamiento era la esencia de este concepto.

La dificultad, una década después, es que las Salas Especializadas se han aislado no solo de la presión interna, sino prácticamente de cualquier forma de rendición de cuentas externa. Un tribunal que no responde ante nadie fuera de sus muros es un tribunal en el que se pide al público que confíe basándose únicamente en la fe.

Esta tensión se hizo particularmente visible el mes pasado.

El Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales («BHRC»), a petición del Defensor del Pueblo de Kosovo, publicó un examen cuidadoso y deliberadamente preliminar del cumplimiento de las normas de derechos humanos por parte de las Salas Especializadas.

No se trata de un texto polémico. Reconoce que el marco jurídico formal del tribunal es, en general, sólido y, en muchos aspectos, está en consonancia con el Convenio Europeo de Derechos Humanos («CEDH») y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos parte del derecho de Kosovo.

Sus inquietudes se sitúan en otro lugar: en la forma en que ese marco se aplica en la práctica y en la cuestión de quién, si es que alguien, está en posición de supervisarlo.

No debe olvidarse que la institución híbrida más cercana a las Salas Especializadas, el Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina, fue objeto de un examen detallado por parte de organizaciones externas de derechos humanos e incluso suscribió un acuerdo formal con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa («OSCE») para supervisar los juicios por crímenes de guerra.

La respuesta de las Salas Especializadas fue significativa.

En lugar de abordar el fondo de las inquietudes, publicó una declaración que pretendía «corregir los datos», sin responder a las conclusiones sustantivas del BHRC en su informe.

Señaló que ni el Defensor del Pueblo ni los revisores tenían legitimación procesal ante ella y que el informe no afectaría a su labor judicial.

Añadió, con exactitud, que el examen no había concluido que ninguna resolución individual hubiera vulnerado los derechos de un acusado.

Sin embargo, ese no era el propósito del examen del BHRC. Se trataba de una evaluación general, un «control de temperatura» de la institución, y debe recordarse que algunas de estas cuestiones siguen estando sub judice (sujetas a examen judicial).

De hecho, aunque el BHRC concluyó que el marco jurídico era, en su mayor parte, conforme con el Convenio Europeo de Derechos Humanos —CEDH—, fueron las prácticas de aplicación las que suscitaron preocupación.

Por ejemplo, una de las inquietudes planteadas fue que ningún acusado podía ser puesto en libertad provisional en los Países Bajos, el país donde se encuentran las Salas Especializadas.

Esto plantea una cuestión real de cumplimiento, en particular con el artículo 5(3) del CEDH.

Debe recordarse que el CEDH no es un conjunto de principios ilusorios o meramente aspiracionales. Como ha señalado reiteradamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, su objetivo es que los órganos judiciales adopten todas las medidas necesarias para evitar violaciones del Convenio y proteger los principios y las garantías de los derechos fundamentales.

Es precisamente aquí donde la respuesta de las Salas Especializadas pierde el punto principal del examen y, al perderlo, en realidad lo demuestra.

La crítica no es que una determinada resolución judicial sea ilegal. La crítica es que, en gran medida, faltan las condiciones que permitirían a cualquiera saberlo con certeza: transparencia y rendición de cuentas independiente.

La afirmación de que «ni el Defensor del Pueblo de Kosovo ni el BHRC tienen legitimación procesal ante las Salas Especializadas» también pierde de vista el fondo de la cuestión.

La legitimación procesal no es necesaria para la supervisión externa e independiente de los juicios justos.

Las organizaciones no gubernamentales que defienden firmemente la transparencia y los derechos de los acusados a nivel nacional, así como muchos Estados que hacen lo mismo en el marco del Examen Periódico Universal y otros foros de la ONU, suelen cambiar de enfoque en cuanto la institución pasa a ser internacional.

Cierran filas en torno a las instituciones y tratan el examen externo como ilegítimo, protegiéndolas precisamente del tipo de supervisión independiente del que depende la protección del derecho a un juicio justo.

Es significativo que, durante la reciente presentación organizada por el BHRC en La Haya, donde se publicó oficialmente su informe preliminar, las misiones diplomáticas que asistieron al evento asumieran como responsabilidad propia defender enérgicamente —y en algunos casos a ciegas— a la institución y restar importancia a las preocupaciones reales planteadas.

Esto tiene aún más importancia si se considera que, en la práctica, las Salas Especializadas son un campo de prueba para el próximo esfuerzo europeo: el Tribunal Especial para Ucrania.

Los Estados y las propias Salas Especializadas deberían acoger este tipo de examen y participar en él de forma constructiva, tratándolo como una oportunidad para aprender, en lugar de descartarlo de inmediato.

La respuesta de las Salas Especializadas critica además el examen del BHRC, alegando que se centró únicamente en los argumentos de la defensa y evitó debatir los derechos de las víctimas.

Es importante señalar que, en un proceso penal, el derecho a un juicio justo corresponde al acusado.

Además, esto se relaciona con las inquietudes más amplias planteadas en el informe sobre la forma en que el tribunal equilibra el derecho del acusado a un juicio justo con los derechos de las víctimas.

La respuesta de las Salas Especializadas da la impresión de que es inmune a cualquier forma de examen.

Esto es profundamente problemático.

No hay ninguna justificación para un manto impenetrable de secretismo sobre los procedimientos judiciales y la forma en que se desarrollan.

Si se quiere construir la credibilidad de la institución y disipar las inquietudes sobre la transparencia, entonces —como siempre— la luz del sol es el mejor desinfectante.

Lo importante es que no hace falta abordar cuestiones abstractas, porque el tribunal ya ha ofrecido la ilustración más clara posible.

En más de una ocasión, la presidenta de las Salas Especializadas celebró sesiones informativas confidenciales para diplomáticos de la Unión Europea —es decir, para el bloque político que financia la institución— sobre su trabajo en curso. El público solo se enteró porque una transcripción de una de esas sesiones se filtró a Euronews.

Según la solicitud de recusación posterior, y tal como se informó en aquel momento, la presidenta utilizó una sesión informativa diplomática confidencial para quejarse del número de abogados defensores que supuestamente estaban complicando el trabajo del tribunal, mientras que, según se informó, el fiscal especializado dijo a los diplomáticos que un acusado recibiría una pena de cadena perpetua antes de que comenzara ningún juicio o se presentara prueba alguna. Cuando esto salió a la luz, la respuesta fue que esas sesiones informativas son actualizaciones rutinarias semestrales que simplemente resumen asuntos que ya figuran en las presentaciones públicas.

En la presentación del BHRC en La Haya, los diplomáticos hicieron caso omiso de estas preocupaciones, adoptando la postura de las Salas Especializadas de que se trata de una práctica habitual y que todos los tribunales hacen lo mismo.

Esa respuesta falla en dos niveles.

En primer lugar, no es exacta.

Una actualización sobre el estado de una causa que resume las presentaciones públicas no incluye que un juez en ejercicio haga comentarios editoriales a los financiadores del tribunal sobre el cuerpo de abogados defensores, ni que un fiscal pronostique el resultado de un caso antes de que se haya escuchado una sola palabra de prueba.

Esos asuntos no figuran en las presentaciones públicas. Son lo contrario de una gestión neutral de las causas, y describirlos como un resumen rutinario no los convierte en tal.

Hay una enorme diferencia entre proporcionar actualizaciones administrativas e informes financieros a los donantes del tribunal y debatir cuestiones relativas a procedimientos futuros o en curso, más aún cuando esos mismos Estados podrían ser llamados a dar su consentimiento para la puesta en libertad provisional de un acusado en su territorio.

En segundo lugar, aunque esos contactos fueran realmente habituales, la frecuencia no es una justificación.

Una práctica no se vuelve compatible con la independencia judicial, la imparcialidad y la igualdad de armas simplemente porque sea habitual.

El criterio no es lo que suelen hacer los funcionarios, sino lo que exigen el derecho a un juicio justo y la apariencia de justicia.

Las comunicaciones confidenciales y unilaterales entre el órgano judicial y la fiscalía, por un lado, y quienes financian políticamente el tribunal, por otro, que afectan a las causas en curso y a las partes ante él, serían improcedentes tanto si se producen una como dos veces al año.

«Siempre se hace» es una descripción del problema, no una respuesta a él.

Si esto es, en realidad, una práctica de los tribunales y las cortes internacionales, entonces debe ponerse fin a ella.

Además, no olvidemos que, aunque un tribunal o una corte internacional la considerara aceptable —que no lo es—, las Salas Especializadas no son un tribunal internacional.

Ese episodio pone de manifiesto ambos fallos de inmediato.

El déficit de transparencia es evidente: sabemos lo que se dijo únicamente porque se filtró un documento, no porque el tribunal lo revelara, y las sesiones informativas eran confidenciales por diseño.

Por tanto, la recomendación del examen de que las Salas Especializadas adopten protocolos claros para este tipo de comunicaciones, con notificación y divulgación a las partes y, cuando corresponda, con su participación, no es abstracta.

Responde a un episodio documentado.

Y las mismas inquietudes probatorias atraviesan el examen más amplio: la dependencia de materiales de procedencia cuestionada, incluida información de inteligencia de fuentes externas, admitidos sin el riguroso control del origen y de la cadena de custodia que exigiría un tribunal nacional.

Una corte no puede demostrar que es justa mientras los canales que la alimentan —el dinero, los jueces, las pruebas, los contactos diplomáticos discretos— permanezcan en la sombra.

Consideremos ahora la rendición de cuentas, y aquí el vacío es estructural.

¿Adónde puede acudir una parte o un ciudadano para examinar cómo ejercen las Salas sus poderes?

Cuando se impugnaron las sesiones informativas diplomáticas, la recusación de la presidenta y del vicepresidente fue una cuestión para los mismos jueces de las Salas Especializadas.

Las apelaciones se presentan ante los propios paneles de las Salas Especializadas.

Las cuestiones constitucionales se resuelven dentro de la propia estructura de las Salas Especializadas.

La supervisión del cumplimiento de los derechos humanos corresponde a un Defensor del Pueblo dedicado a las Salas Especializadas, es decir, interno a ellas, mientras que al Defensor del Pueblo nacional que encargó este examen se le dice que carece de toda legitimidad.

La detención preventiva es supervisada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, y solo la detención preventiva.

No existe ninguna vía para impugnar las amplias funciones administrativas y judiciales de la presidenta, ni ningún mecanismo real para impugnar los nombramientos judiciales.

Todo canal de rendición de cuentas conduce de vuelta a la propia institución.

Eso es lo que significa que una corte permanezca en el vacío: se revisa a sí misma, se certifica a sí misma y luego declara irrelevante el examen externo.

Las consecuencias para la defensa tampoco son abstractas.

El examen identifica desigualdades de recursos y de procedimiento que inclinan el terreno en contra del acusado, obstáculos estructurales a la puesta en libertad provisional que mantienen a los acusados bajo custodia y resoluciones probatorias que favorecen material no verificado de la fiscalía.

Estos son precisamente los perjuicios que la supervisión independiente existe para detectar.

Su importancia aumenta, no disminuye, por el hecho de que ningún órgano independiente esté en posición de detectarlos.

Conviene ser justos con las Salas Especializadas.

Sus jueces son personas serias que realizan una labor difícil, y los casos ante ellas, incluido el juicio de antiguos dirigentes del Ejército de Liberación de Kosovo, tienen una importancia enorme para las víctimas que han esperado mucho tiempo para que se haga justicia, aunque debe reconocerse que este es el cuarto mecanismo judicial internacional (internacionalizado) desde la guerra.

La cuestión no es que el tribunal sea corrupto ni que sus resultados estén predeterminados.

La cuestión es más incómoda que eso: se nos pide que demos por sentada la justicia del tribunal antes de verificarla, y la institución está construida de tal manera que verificarla resulta casi imposible. Cuando llega un examen de derechos humanos, la respuesta no puede ser que quienes lo realizan carecen de legitimidad.

La legitimidad es una doctrina que hay que seguir.

No es un escudo contra la rendición de cuentas, y un tribunal seguro de sí mismo no se aferra a ella.

Ninguno de los recursos que propone el examen amenaza la independencia del tribunal.

Permitir impugnaciones reales de las decisiones administrativas y judiciales de la presidenta.

Publicar protocolos para los contactos con los Estados y otros actores externos, con notificación y divulgación a las partes.

Someter las pruebas controvertidas a un control real de su procedencia.

Ser transparentes sobre las relaciones con los Estados financiadores.

Invitar a una supervisión sostenida e independiente de los juicios.

Cada una de estas medidas refuerza la legitimidad en lugar de debilitarla.

Una corte que no tiene nada que ocultar no tiene nada que temer de ninguna de ellas.

La justicia penal internacional vive o muere en torno a una sola tesis:

que el poder, incluso el poder ejercido en nombre de las víctimas, debe rendir cuentas.

Se suponía que las Salas Especializadas encarnarían esa tesis.

Al celebrar sesiones informativas secretas con sus financiadores, aislarse del escrutinio y responder a las críticas de buena fe con el lenguaje de la legitimidad, corre el riesgo de convertirse en lo contrario: un tribunal que exige responsabilidades a los demás mientras no acepta ninguna para sí mismo.

La legitimidad no puede certificarse a sí misma.

Debe demostrarse abiertamente ante las personas que tienen derecho a preguntar.

Mientras las Salas Especializadas no estén dispuestas a hacerlo, seguirán dictando sentencias sólidas sobre el papel e imposibles de verificar en la práctica, que es precisamente la situación que el Estado de derecho fue creado para eliminar.