Un tribunal de apelación francés confirmó el martes la condena de Marine Le Pen por malversación de fondos de la Unión Europea, pero redujo la prohibición de ejercer cargos públicos, dejando teóricamente abierto el camino para que se presente a las elecciones presidenciales de 2027.

Sin embargo, el tribunal también condenó a Le Pen a tres años de prisión: dos de ellos en suspenso y uno bajo vigilancia electrónica con una tobillera. Esta condena podría dificultar política y prácticamente el desarrollo de una campaña presidencial.

Ahora depende de la propia Le Pen decidir si se presenta para convertirse en la primera presidenta de extrema derecha en la historia moderna de Francia. Está previsto que conceda una entrevista en horario de máxima audiencia a TF1 a las 20:00, hora local, en la que podría anunciar su decisión sobre su futuro político.

Le Pen había declarado anteriormente que le resultaría difícil hacer campaña para las elecciones presidenciales mientras cumplía una condena bajo vigilancia electrónica, alegando que esto obstaculizaría la campaña y perjudicaría su credibilidad. Sin embargo, todavía no ha confirmado qué hará.

Al salir de la sala del tribunal, Le Pen sonreía, pero no hizo ningún comentario. Después se dirigió a la sede de su partido, Rassemblement National (RN), para hablar de los próximos pasos.

Le Pen había sido declarada culpable en marzo de 2025 de malversación de fondos y se le había prohibido durante cinco años, con efecto inmediato, ejercer cargos públicos, lo que le impedía presentarse por cuarta vez a la presidencia.

La decisión de apelación del martes, según la cual Le Pen no podrá ejercer cargos públicos durante 45 meses, 30 de ellos en suspenso, significa que podrá presentarse cuando los franceses voten en abril de 2027, ya que ya ha cumplido 15 meses de la prohibición que comenzó a aplicarse tras la sentencia del año pasado.

Campaña con tobillera electrónica

Se espera que la decisión provoque un intenso debate dentro de RN, que lleva meses preparándose para dos posibles escenarios: uno con Marine Le Pen como candidata y otro con el presidente del partido, Jordan Bardella.

La tobillera electrónica forma parte de la pena de prisión conmutada y significa que Le Pen no tendrá que cumplir la condena en la cárcel.

Un juez encargado de la ejecución de la pena establecerá las condiciones de la vigilancia electrónica y fijará los horarios en los que Le Pen podrá salir de casa y la hora a la que deberá regresar cada noche. Las restricciones durante los fines de semana suelen ser más estrictas.

Una fuente judicial dijo que es probable que la tobillera electrónica dificulte una campaña presidencial en todo el país, ya que Le Pen tendría que volver a casa cada noche, aunque quizá no la haga imposible. Según la misma fuente, también podría solicitar que le retiraran la tobillera después de unos meses si demuestra buena conducta.

Marine Le Pen, líder del partido nacionalista y antiinmigración Rassemblement National, fue declarada culpable de malversación de fondos en un caso relacionado con fondos de la Unión Europea. Su condena también incluye la prohibición durante cinco años de ejercer cargos públicos, con efecto inmediato.

Las encuestas han mostrado sistemáticamente que tanto Le Pen como Jordan Bardella son candidatos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. De hecho, algunos sondeos recientes sugieren que Bardella obtendría un resultado mejor que Le Pen en la primera vuelta.

La condena de Le Pen está relacionada con las acusaciones de que figuras de RN malversaron fondos del Parlamento Europeo destinados a asistentes parlamentarios, utilizándolos para pagar a empleados del partido en Francia. En 2025, los jueces concluyeron que Le Pen había desempeñado un papel central en el esquema, una conclusión que ella ha rebatido reiteradamente.

La decisión inicial provocó duras reacciones de los aliados de Le Pen en Francia y en el extranjero, quienes acusaron al sistema judicial de interferir en la contienda democrática. Sus adversarios, por su parte, sostuvieron que los cargos electos deben estar sujetos a las mismas normas jurídicas que cualquier otro ciudadano.

“Lo fundamental para nosotros, y lo que llevamos años diciendo, es que malversaron, robaron dinero público, el dinero de los contribuyentes europeos”, dijo a los periodistas Patrick Maisonneuve, abogado del Parlamento Europeo. “Esto ya se ha confirmado por segunda vez: primero por el tribunal de primera instancia y hoy por el Tribunal de Apelación”.