Guénaël Mettraux, el juez que forma parte del Panel de Juicio en el caso contra los líderes del Ejército de Liberación de Kosovo, se ha presentado como candidato para formar parte de la Corte Penal Internacional (ICC).

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha iniciado una campaña para debilitar este tribunal, pues lo considera una institución que intenta socavar la soberanía estadounidense al procesar a militares y otros funcionarios que participan en diversas misiones en todo el mundo.

Mettraux se presenta como candidato bajo el auspicio de Suiza y lleva varios meses haciendo campaña para obtener los votos necesarios.

Este juez, en el caso del ELK, ha destacado por su enfoque poco amistoso hacia la defensa. En numerosas ocasiones, la defensa lo ha cuestionado por la forma en que ha planteado las preguntas a los testigos, a menudo sugestivas o similares a las preguntas de la fiscalía.

Guénaël Mettraux ejerce como juez en el Tribunal Especial de La Haya desde 2017.

Un eventual salto suyo a la Corte Penal Internacional supondría entrar en una zona minada, en un momento en que la superpotencia occidental intenta desmantelarla como institución.

«La ICC representa una amenaza inaceptable para la soberanía de Estados Unidos: pretende tener autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan al servicio del interés nacional de Estados Unidos», dice el comunicado del Departamento de Estado que anunció el inicio de la campaña.

Un antiguo colega de Mettraux, Nicolas Guillou, que ejerció como juez de instrucción en el caso contra Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi y Jakup Krasniqi, fue uno de los 11 jueces de la ICC sancionados por Estados Unidos.

Guillou habló con el periódico francés «Le Monde» sobre el impacto de estas medidas en su trabajo y su vida cotidiana.

«Prohíben a cualquier persona o entidad estadounidense, a cualquier individuo o empresa, así como a sus filiales extranjeras, prestarme servicios. Se han cerrado todas mis cuentas con empresas estadounidenses, como Amazon, Airbnb, PayPal, etc. Por ejemplo, hice una reserva en Expedia para un hotel en Francia y, unas horas después, recibí un correo electrónico de la empresa que cancelaba mi reserva y mencionaba estas sanciones. En la práctica, ya no se puede hacer negocios en línea, porque no sabes si el paquete que contiene tu producto es estadounidense. Estar sancionado es como volver a los años noventa», declaró al prestigioso periódico francés.

La ICC fue fundada en 2002 por la comunidad internacional para procesar los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes contra la humanidad. Su sede oficial está en La Haya.

Solo ejerce su jurisdicción cuando un Estado miembro no puede o no está dispuesto a procesar por sí mismo los crímenes graves. Estados Unidos nunca ha sido miembro de este tribunal. Sin embargo, según Reuters, el Estatuto de la ICC le otorga competencia para procesar los crímenes graves cometidos en el territorio de los Estados miembros por ciudadanos de países que no son miembros.