Editorial de Jason Steinbaun, quien es profesor asociado de Gobierno en la American University de Washington, D. C. Durante más de 30 años ha trabajado en el Congreso estadounidense, como director de personal del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y como jefe de personal en Washington del excongresista Eliot L. Engel
Las Salas Especializadas de Kosovo, también conocidas como el «Tribunal Especial», se crearon por la razón equivocada, de la manera equivocada, sobre la base de una ley equivocada y con un mandato equivocado.
En pocas palabras, esta es la razón por la que el Tribunal ha fracasado.
Antes de que se estableciera el Tribunal, el Gobierno de Estados Unidos restaba importancia constantemente a las acusaciones contra el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), el grupo insurgente que luchó por la independencia de Kosovo durante la guerra de 1998–1999. Los funcionarios estadounidenses solían reconocer que ningún ejército es perfecto, especialmente en la niebla de la guerra, pero sostenían que, en general, el ELK se había comportado de manera razonable. Algunas de las acusaciones más graves —incluidas las afirmaciones de que el ELK había participado en actos de terrorismo o tráfico de drogas— ya habían sido refutadas públicamente en un informe de la CIA, elaborado en respuesta a una enmienda del congresista Eliot L. Engel, firme defensor de Kosovo, quien más tarde se convirtió en presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
Varios años después, surgió una nueva oleada de acusaciones del parlamentario suizo Dick Marty. Marty afirmó que el ELK había participado en el tráfico de órganos, principalmente en Albania. Las sospechas aumentaron cada vez más porque Marty aportó muy pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones. Sin embargo, en enero de 2011, el Consejo de Europa aprobó el informe de Marty casi palabra por palabra, dando a la convocatoria de una investigación el sello de aprobación de una importante institución europea.
Durante varios años, el Departamento de Estado concedió poca o ninguna credibilidad a las afirmaciones de Marty, incluso después de la resolución del Consejo de Europa. Luego, casi de la noche a la mañana, Estados Unidos cambió de postura. Los diplomáticos estadounidenses pasaron de desestimar el informe de Marty a insistir, en 2015, en que se necesitaba un tribunal internacional para investigar sus afirmaciones. Kosovo, argumentaban, se beneficiaría de apoyar un proceso legal que situaría claramente al nuevo Estado del lado de la justicia y la rendición de cuentas.
Pero el martillo aguardaba justo detrás de la puerta. Si Kosovo no creaba el Tribunal, advirtieron los diplomáticos estadounidenses, lo crearía el Consejo de Seguridad de la ONU, aunque, naturalmente, eso no podía ocurrir si Estados Unidos ejercía su veto. Más importante aún, se dijo a Kosovo que debía actuar sin demora porque Estados Unidos, su aliado más fuerte y constante, le estaba pidiendo —o, mejor dicho, exigiendo con insistencia— que lo hiciera.
Por supuesto, una superpotencia como Estados Unidos tiene muchos intereses globales y, a veces, esos intereses entran en conflicto entre sí. Mientras las acusaciones de Marty cobraban fuerza en Europa y eran ignoradas en gran medida en Washington, la Administración Obama perseguía su principal prioridad internacional: un acuerdo nuclear con Irán. Casi todos los demás objetivos de política exterior quedaron relegados ante esas negociaciones, y preservar la coalición internacional que las respaldaba era esencial. Ese grupo, conocido como P5+1, incluía a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, así como a Alemania.
Como miembro del P5+1, Rusia tenía una influencia considerable sobre Estados Unidos, dado el valor que el presidente Obama concedía a mantener la coalición sobre Irán. Si Rusia u otro socio solicitaba una iniciativa diplomática, se le prestaba una atención seria. Aquí es donde entran en escena las Salas Especializadas.
No existe ningún documento público que indique que Rusia, o algún país europeo, amenazara con abandonar el P5+1 debido al informe de Marty. Sin embargo, muchos creen que Rusia, y quizá algunos intereses europeos, pidieron a Estados Unidos —el principal socio de Kosovo— que presionara al nuevo Estado para crear un tribunal que investigara y procesara las acusaciones.
Desde el punto de vista del presidente Obama, un tribunal de Kosovo con jueces internacionales y supuestamente comprometido con los más altos estándares jurídicos probablemente le resultara atractivo por su formación jurídica y su sentido de la justicia. Para él, era una concesión fácil. La directiva llegó a la Embajada de Estados Unidos en Pristina y a todo el Departamento de Estado: Kosovo tenía que llevarlo a cabo.
Entonces, ¿por qué pidió Estados Unidos la creación de las Salas Especializadas? No principalmente para promover la justicia o la rendición de cuentas por el tráfico de órganos u otros crímenes del ELK, sino para servir al objetivo completamente ajeno de asegurar el acuerdo nuclear con Irán.
De repente, los diplomáticos estadounidenses en Pristina recibieron nuevas instrucciones: presionar al Gobierno de Kosovo para que creara el Tribunal y no aceptar un rechazo como respuesta. A los funcionarios visitantes se les decía que Kosovo debía actuar o, de lo contrario, afrontaría una serie de graves consecuencias. Lo viví personalmente durante una visita con el congresista Engel, para quien trabajé durante 27 años. La embajadora Tracey Jacobson nos sorprendió no solo por el brusco cambio de la política estadounidense, sino también por la urgencia que el Gobierno de Estados Unidos atribuía a la creación del Tribunal. Presionó con firmeza al congresista Engel para que instara al Gobierno de Kosovo a aprobar la legislación necesaria.
Con reticencia y sin conocer las razones del cambio de política, el congresista Engel comunicó a Hashim Thaçi que Estados Unidos deseaba mucho que Kosovo estableciera el Tribunal. Engel añadió que, para que Kosovo avanzara y tuviera éxito —es decir, para que conservara el apoyo de Estados Unidos—, parecía necesario e importante crear el Tribunal. Como otros, nosotros también llegamos a arrepentirnos de la postura que adoptamos y del lamentable e inútil caos en que se ha convertido el Tribunal.
Pero el Tribunal no solo se creó por la razón equivocada. También se creó de la manera equivocada, sobre la base de una ley profundamente deficiente.
Las exigencias estadounidenses no se expresaron únicamente mediante presión diplomática. Los expertos jurídicos estadounidenses también desempeñaron un papel importante en la redacción de las disposiciones constitucionales y legales necesarias para crear el Tribunal. El resultado fue un órgano que se integró en el sistema judicial de Kosovo, pero solo de nombre. Ningún juez kosovar forma parte de este tribunal de Kosovo y el propio Tribunal no se encuentra en Kosovo, sino en La Haya. En virtud de las leyes que Estados Unidos instó a la Asamblea de Kosovo a aprobar, se retiró al Gobierno de Kosovo toda autoridad significativa sobre su propio Tribunal de Kosovo. Este marco dejó a Kosovo sin ninguna participación real en lo que formalmente es su Tribunal. El pueblo de Kosovo casi no tiene conexión alguna con este órgano judicial creado mediante presión, lo que lo deja con escasa o nula legitimidad popular. Después de que al pueblo de Kosovo se le dijera durante años que era soberano, arrebatarle el control de procedimientos tan importantes no hace sino socavar ese mensaje.
Luego está el mandato.
Es un principio indiscutible que cualquiera que cometa crímenes de guerra debe ser procesado y juzgado. Punto. Esto se aplica a los serbios, los kosovares y cualquier otra persona.
Pero el mandato de este Tribunal es profundamente problemático. Según Human Rights Watch, «la inmensa mayoría de los crímenes de guerra en Kosovo fueron cometidos por las fuerzas serbias y yugoslavas, y nadie ha rendido cuentas por ellos, incluido el traslado organizado de cientos de cadáveres a Serbia, donde fueron arrojados en fosas comunes». Human Rights Watch informó además que «la violación se utilizó como instrumento de guerra en Kosovo y debe castigarse como tal. Los hombres que cometieron estos terribles crímenes deben comparecer ante la justicia».
Habida cuenta de los graves crímenes cometidos contra los albanokosovares, la creación de un tribunal para juzgar y castigar a sus líderes de guerra parecía distorsionada. De hecho, las Salas Especializadas de Kosovo podrían ser únicas: un tribunal creado para procesar a las víctimas y los vencedores de una guerra, en lugar de a los principales autores y agresores derrotados. Los albanokosovares sienten esta contradicción de manera directa. Algunos me han dicho que creen que Estados Unidos les dio la espalda por razones que aún no pueden comprender.
Ven a antiguos líderes que permanecen en prisión durante años sin ser condenados. Entre los acusados están Hashim Thaçi, expresidente y exprimer ministro, y Kadri Veseli, expresidente de la Asamblea. Son personas conocidas que se entregaron voluntariamente cuando se presentaron cargos contra ellas. No representan un riesgo de fuga y siguen siendo inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Los principios fundamentales del derecho internacional respaldan su libertad mientras continúan las investigaciones y los juicios. Si hay que proteger a los testigos, existen formas de hacerlo sin encarcelar a personas que no han sido condenadas por ningún delito.
El mandato del Tribunal resulta aún más extraño cuando se mide frente a su propósito original. Se creó para investigar las acusaciones del informe de Marty, que se centraba principalmente en el tráfico de órganos. Sin embargo, los escritos de acusación no mencionan en absoluto el tráfico de órganos. En cambio, se centran en la responsabilidad de los dirigentes por ataques de represalia cometidos por actores de bajo nivel. En otras palabras, la razón principal por la que se creó el Tribunal ya no guía el proceso judicial.
Ya ha pasado demasiado tiempo sin que se haga justicia a las víctimas de la guerra en Kosovo. Cientos de miles de personas fueron expulsadas de sus hogares. Muchos miles fueron asesinados. Otros miles fueron violados. La justicia llegará cuando se exijan responsabilidades a los autores de estos crímenes.
Sabemos que la inmensa mayoría de estos crímenes fueron cometidos por las fuerzas de seguridad serbias. Son precisamente ellas las que deberían ocupar principalmente el banquillo de los acusados.
¿Significa esto que los kosovares que cometieron crímenes deben eludir su responsabilidad? No. Pero si los únicos a quienes se exige rendir cuentas son los kosovares, entonces algo está seriamente mal en el sistema. Hasta que se corrija este desequilibrio, las Salas Especializadas de Kosovo aportarán poca paz, poca confianza entre las comunidades y poca reconciliación duradera en Kosovo o en la región más amplia.









