Haxhi Shala ha ganado la batalla al Ministerio de Justicia por una decisión tomada en su contra cuando Albulena Haxhiu era ministra.
Cuando el exdiputado y uno de los comandantes del ELK, Haxhi Shala, fue acusado por las Salas Especializadas de Kosovo de delitos contra la administración de justicia, el 6 de diciembre de 2023, unas semanas después el ministerio decidió apoyar su defensa con solo 1000 euros al mes.
Lo hizo invocando la nueva instrucción administrativa de 2024, que modificaba una instrucción de 2022 y limitaba el apoyo para los casos relacionados con acusaciones contra la administración de justicia.
Además, con este cambio también se había limitado el apoyo a los dirigentes del ELK y a otros casos relacionados con acusaciones de crímenes de guerra, eliminando la posibilidad de autorizar fondos adicionales en casos excepcionales. Los abogados defensores habían reaccionado ante esto, pero Haxhiu no los había tenido en cuenta.
Pero ¿por qué el Tribunal dio la razón a Haxhi Shala y cuál fue el papel de Albulena Haxhiu?
El Tribunal Administrativo ha señalado que el acuerdo ofrecido por el Ministerio de Justicia en febrero de 2024, de 1000 euros mensuales de apoyo, contradecía otras prácticas para acusaciones similares —como en el caso de Nasim Haradinaj, a quien se le habían concedido 81 mil euros al mes para los abogados—, así como la Instrucción de 2022.
El Tribunal, según la sentencia obtenida por VOX Kosova, constata que también en el caso de Shala estaba vigente y era aplicable la Instrucción de 2022, y no la de 2024.
Cuando el ministerio decidió que el apoyo sería de solo 1000 euros al mes, Shala presentó una queja ante el ministerio el 21 de febrero de 2024, por medio de su abogado.
Esta queja también fue rechazada.
“La parte demandada deliberadamente no trató la solicitud conforme a la Instrucción Administrativa n.º 08/2022, porque el demandante presentó la solicitud de compensación ante la demandada antes de la entrada en vigor de la IA n.º 01/2024, cuando aún estaba vigente la IA n.º 08/2022. Además de haber aplicado erróneamente la IA, la demandada determinó sin fundamento el nivel del asunto, pues debería haber calificado el caso del demandante como complejo, de conformidad con la IA n.º 08/2022”, dice la sentencia del Tribunal Administrativo dictada el 8 de noviembre de 2026.
La queja de Shala contra la decisión de la Comisión de Evaluación del Ministerio, encargada de determinar el importe del apoyo financiero, fue rechazada por la propia Albulena Haxhiu, entonces ministra, mediante una decisión.
“El Tribunal ha confirmado el hecho de que el Ministerio de Justicia, a través de la ministra de Justicia Albulena Haxhiu y mediante la Decisión n.º 43/2024, de fecha 29.02.2024, rechazó por infundada la queja del abogado del demandante Haxhi Shala sobre la cobertura de los gastos de defensa jurídica de las personas potencialmente acusadas por los presuntos crímenes en los procesos judiciales ante las Salas Especializadas. En los fundamentos de esta Decisión se señala que la Comisión de Revisión y Resolución examinó la solicitud y la documentación del abogado defensor del demandante para la cobertura de los gastos y, teniendo en cuenta este factor general, como el número y la naturaleza de las acusaciones de la imputación, decidió que el pago en concepto de compensación de la defensa jurídica se efectuara de conformidad con la Instrucción Administrativa n.º 01/2024, por un importe de 1.000 euros”, explica el Tribunal en su sentencia.
El Tribunal ha explicado por qué en el caso de Shala se aplicaba la instrucción de 2022 y no la nueva de 2024, que estaba en vigor desde el 7 de febrero de 2024.
Además de que la solicitud de compensación se había presentado antes de su entrada en vigor, según el Tribunal, conforme a la instrucción de 2022, los procedimientos, condiciones y criterios se aplican desde el momento en que se presenta la imputación.
Y la imputación se presentó el 6 de diciembre de 2023 y se hizo pública el 12 de diciembre de 2023.
El Tribunal escribe: “Mediante esta Instrucción se han determinado los derechos y las responsabilidades de las entidades con el fin de tramitar las solicitudes de cobertura de los gastos de defensa jurídica ante las Salas Especializadas. El artículo 4, apartado 1, de esta Instrucción establece que las personas potencialmente acusadas reciben un trato igualitario y que se prohíbe cualquier tipo de discriminación contra ellas. El artículo 5 establece que ‘El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, garantiza la cobertura de los gastos de defensa jurídica de la persona potencialmente acusada, de conformidad con las condiciones y los criterios previstos en la Ley n.º 05/L-053, la Ley n.º 05/L-054 y los Reglamentos de las Salas Especializadas de Kosovo, y esta comienza desde el momento en que se presenta la imputación’”.
Después, el Tribunal aclara que la nueva Instrucción entró en vigor recién el 7 de febrero de 2024, es decir, dos meses después de que se presentara la imputación.
“El Tribunal aclara que, en el caso concreto, no queda claro por qué la Comisión de la parte demandada no aplicó la Instrucción n.º 08/2022, dado que la aplicabilidad de esta Instrucción para la cobertura de los gastos comienza en el momento de la presentación de la imputación, tal como establece el artículo 5. El Tribunal considera que, según esta disposición, el momento de la presentación de la imputación determina el inicio de la cobertura de los gastos, mientras que la imputación contra el demandante se presentó antes de la entrada en vigor de la IA n.º 01/2024, que fue la Instrucción aplicada por la demandada. Por su parte, el artículo 2 de la IA establece que la presentación de la solicitud por la parte constituye únicamente un requisito procesal para iniciar el procedimiento de compensación de los gastos, lo que significa que la demandada no actúa de oficio, sino solo a solicitud de la parte; sin embargo, la solicitud presentada debe evaluarse en relación con el artículo 5 de la Instrucción n.º 08/2022, que establece que la cobertura de los gastos comienza con la presentación de la imputación”, dice la sentencia del Tribunal, que considera que la decisión del ministerio adolece de defectos jurídicos.
El Tribunal ha obligado al ministerio a volver a resolver la solicitud del demandante, en este caso Shala, y a examinarla conforme a la Instrucción de 2022.
“En este sentido, el Tribunal obliga a la parte demandada a que, en un plazo de treinta (30) días, actúe en el nuevo procedimiento de acuerdo con las observaciones formuladas en esta sentencia y, tras subsanar los defectos señalados, adopte una decisión justa y conforme a la ley. Las observaciones señaladas son vinculantes para el órgano demandado, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Conflictos Administrativos”, dice la sentencia.
El Tribunal Especial con sede en La Haya condenó a Haxhi Shala a tres años de prisión en febrero de 2025. El 10 de febrero de 2026, fue puesto en libertad condicional.









