La reunión de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el asesinato de Arlinda Zekaj fue interrumpida el viernes, después de que los diputados no lograran ponerse de acuerdo sobre la inclusión de la Oficina del Primer Ministro en la lista de instituciones a las que se solicitarán documentos y testimonios.

El presidente de la comisión, Burim Ramadani, de la AAK, informó de que los diputados del Movimiento Vetëvendosje se opusieron a que la OPM se incluyera en esta lista, pese a una pausa de cinco minutos solicitada para superar las discrepancias.

“Por este motivo, interrumpí la reunión. Ante este bloqueo, no tenía sentido continuarla”, dijo Ramadani.

Anunció que la comisión volverá a reunirse el lunes y pidió a los diputados de LVV que reconsideren su postura.

Por su parte, el diputado del PDK, Eman Rrahmani, dijo que la Oficina del Primer Ministro no ha entregado los dos informes que la comisión solicitó en relación con el caso.

Insistió en que la investigación parlamentaria no debe limitarse a determinadas instituciones, sino que debe incluir a todas las instituciones que puedan tener documentos o información relevantes para esclarecer el caso.

“Hago un llamamiento a los diputados de la mayoría parlamentaria para que reflexionen y cooperen en el esclarecimiento de toda la cadena de fallos institucionales que culminó con el asesinato de una mujer”, declaró Rrahmani.

La diputada del PDK, Besa Kabashi-Ramaj, también expresó su preocupación por que las discrepancias políticas estén obstaculizando el trabajo de la comisión.

Dijo que el plan de acción que ha propuesto incluye examinar las responsabilidades en todos los niveles, desde los funcionarios que tramitaron el caso hasta los responsables institucionales y el nivel político.

“Es muy importante que una comisión investigadora de este tipo funcione; no debe politizarse. Un ministro puede tener un desempeño excelente, pero si ocurre un caso trágico, aunque no haya responsabilidad penal, sí hay responsabilidad moral”, dijo.

Kabashi-Ramaj también planteó la cuestión de los informes solicitados a las instituciones, cuya entrega estaba prevista para el 4 de noviembre, pero que, según ella, aún no habían llegado a la comisión.

Pidió que se deje constancia oficial de las instituciones que no han respondido a las solicitudes de la comisión, que se las convoque para que den explicaciones por escrito y que se les fije un nuevo plazo para entregar la documentación.