En el informe de inspección extraordinaria del Centro de Trabajo Social (QPS) de Peja, el Ministerio de Trabajo, Familia y Valores de la Lucha de Liberación ha afirmado que se encontraron numerosas infracciones relacionadas con la gestión del caso de la fallecida Arlinda Zekaj.

Según el comunicado, el informe constata “el incumplimiento del plazo judicial, negligencia en el cumplimiento de las funciones, inacción en el ejercicio de las funciones oficiales y falta de supervisión profesional”.

“En concreto: La presentación del informe ante el Tribunal fuera del plazo de siete días establecido en la resolución judicial de fecha 24.09.2026. El informe se presentó el 05.10.2026. Negligencia en el cumplimiento de las funciones laborales, concretamente, la ausencia injustificada de la gestora del caso en la vista judicial del 05.10.2026”, se indica en el comunicado.

Otra infracción señalada en el informe es “la falta de realización del seguimiento exigido en el ejercicio de las funciones oficiales tras recibir la resolución judicial de fecha 07.09.2026, pese a que el QPS tenía la responsabilidad de actuar incluso sin obligaciones específicas establecidas por el Tribunal”.

“El incumplimiento de los procedimientos estándar de gestión de casos: no rellenar el formulario de contactos y trabajo en el caso, así como no elaborar el Plan Individual de Servicios”.

También se constató la falta de supervisión profesional por parte del jefe de los Servicios Sociales sobre el trabajo y el cumplimiento de las funciones de la gestora del caso, en el marco de su responsabilidad de supervisar el trabajo de los funcionarios profesionales y organizar y garantizar el funcionamiento del Servicio Social del QPS de Peja.

Por estas infracciones, la División de Inspección ha recomendado al alcalde del municipio de Peja, Gazmend Muhaxheri, que adopte medidas disciplinarias contra la gestora del caso, T. G., y el jefe de los Servicios Sociales, D. K., de acuerdo con sus responsabilidades y los procedimientos legales.

El informe también ha recomendado al alcalde del municipio que aumente urgentemente la capacidad de personal profesional con licencia, “teniendo en cuenta la insuficiencia de personal en relación con el volumen de responsabilidades y el territorio que cubre el QPS de Peja”.

“Adoptar medidas inmediatas para reubicar la Dirección de Bienestar Social, concretamente a la directora A. B., a fin de permitir el trabajo profesional independiente del QPS y una clara separación de las tareas, responsabilidades y funciones entre las dos instituciones”.

En cuanto al Centro de Trabajo Social de Peja, ha recomendado que el gestor del caso y el tutor legal garanticen una supervisión continua y visitas periódicas de seguimiento al menor alojado en un refugio, evaluando su estado de salud, su situación psicosocial y su adaptación, así como documentando los servicios prestados.

“El QPS debe coordinar los servicios con las instituciones pertinentes, en función de las necesidades y del plan individual de servicios del menor. Debe solicitar a la Dirección de Bienestar Social que desarrolle procedimientos para aumentar el personal profesional con licencia. Los funcionarios del Servicio Social deben utilizar todos los formularios estándar de gestión de casos”, son otras de las recomendaciones.

El Ministerio también ha recomendado que se evalúen las necesidades de formación y reciclaje profesional del personal para aplicar la legislación, los procedimientos estándar y las normas mínimas, con especial énfasis en la protección de las víctimas de violencia doméstica.

Este Ministerio ha solicitado al municipio de Peja que atienda las recomendaciones sin demora e informe oficialmente al Ministerio de las medidas adoptadas.

El Ministerio ha afirmado que supervisará la aplicación de las recomendaciones por parte del municipio de Peja.

Arlinda Zekaj fue asesinada el 25 de octubre en su casa por su cuñado con un hacha. Había solicitado protección al Estado reiteradamente y había advertido que podían matarla, pero el Estado no logró protegerla.

Tras este caso, se celebraron varias protestas en las que, entre otras cosas, se pidió la dimisión del ministro del Interior, Xhelal Sveçla, y de la ministra de Justicia, Donika Gërvalla. Mientras tanto, Gazmend Hoxha dimitió de su cargo de director general de la Policía.