Existe una convicción muy extendida entre la comunidad de juristas internacionales en La Haya, que ha seguido el juicio contra los dirigentes del ELK, de que el arquitecto de la condenatoria y escandalosa sentencia es el juez suizo Guénaël Mettraux.

Conocido por su actitud hostil hacia la defensa y sus preguntas especulativas y dirigidas, al estilo de un fiscal, Mettraux, tras cumplir su misión en las Salas Especializadas, aspira a convertirse en juez de la Corte Penal Internacional.

En su entrevista para la CPI destacan elementos que revelan su manera de operar y la de todas las Salas Especializadas de Kosovo.

Mettraux confirmó en la entrevista su profunda implicación en la redacción del Reglamento de Procedimiento y Prueba, uno de los principales documentos que rigen el funcionamiento interno del Tribunal Especial.

En 2017, un panel del Tribunal Constitucional de las Salas Especializadas había detectado al menos 13 violaciones constitucionales en este reglamento que vulneraban los derechos humanos, lo que obligó a modificar los artículos correspondientes.

De hecho, la vulneración de los derechos humanos de los cuatro miembros del ELK ha sido una de las preocupaciones más graves en este juicio desde el 5 de noviembre de 2020.

Sin embargo, ninguna instancia de las Salas Especializadas las ha abordado con seriedad, responsabilidad y plena imparcialidad.

Y esto se debe a la forma de funcionamiento e interacción entre las instancias de las Salas Especializadas, en perjuicio de los dirigentes del ELK.

En su entrevista para la CPI, el juez suizo confirmó que el panel de jueces en el caso de los dirigentes del ELK mantenía una colaboración estrecha y constante con la presidenta del tribunal, Ekaterina Trendafilova, y la secretaria, Fidelma Donlon.

El informe del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales había expresado precisamente su preocupación por la forma de colaboración entre los actores de las Salas Especializadas, sin incluir a la defensa, lo que daba la impresión de que se trataba de un proceso parcial.

Los expertos habían constatado una interacción frecuente entre la presidenta Trendafilova, la secretaria y la fiscalía, también en cuestiones judiciales y administrativas.

En la decisión del Tribunal Constitucional de las Salas Especializadas de 2017 se exigía que, para garantizar un juicio imparcial, se consultara a todas las partes, incluida la defensa.

Pero esto no se respetó en absoluto en las Salas Especializadas.

De hecho, se combatió a la defensa por todas partes y con todos los medios políticos y jurídicos.

Uno de los ejemplos típicos es la reunión de diciembre de 2020 entre Ekaterina Trendafilova, acompañada por el entonces fiscal jefe Jack Smith y la secretaria Fidelma Donlon, y los diplomáticos europeos.

Allí se había hablado de condenas a cadena perpetua para los dirigentes del ELK, se había atacado a la defensa por la prisión preventiva y la bandera de Kosovo se había considerado una provocación.

No solo no se invitó a la defensa, sino que la reunión y las conversaciones se mantuvieron en secreto hasta que se descubrieron gracias a un acta de aquella reunión.

Según los expertos británicos, la amplia discrecionalidad de la presidenta Trendafilova para nombrar y destituir jueces se consideraba una vía para el favoritismo y la manipulación del proceso.

El ejemplo de la Sala de Apelaciones es una clara muestra de ello.

Cuando un juez se pronunció a favor de la puesta en libertad de Hashim Thaçi de la prisión preventiva, Trendafilova lo apartó y, posteriormente, todos los recursos de la defensa ante la Sala de Apelaciones fueron desestimados por unanimidad, mientras que todos los de la fiscalía fueron admitidos.

Por eso, no resultaban en absoluto extrañas las protestas y las veces que los abogados se pusieron de pie en respuesta a las preguntas, ni la conclusión de los expertos británicos de que los jueces, con sus preguntas, parecían segundos fiscales.

Tampoco resultaban en absoluto extrañas las conclusiones locales e internacionales sobre un proceso urdido y político.

Por eso, no es en absoluto extraño que alrededor del 90 por ciento de los albanokosovares considere injusta la sentencia, no quiera que el tribunal hable en su nombre y apoye su abolición.