La presidenta de la Autoridad de Competencia, Neime Binaku-Isufi, fue acompañada a una comisaría, tras sospecharse que amenazó a una colega, según ha podido saber VOX Kosova.

Según fuentes de VOX, Binaku-Isufi se dirigió a la funcionaria de la Autoridad de Competencia con las palabras “Selajdini tiene la culpa de que no os dé con el hacha y os mande a todos a casa”.

En este caso, se refiere a Selajdin Beqa, cercano al partido en el poder, el Movimiento Vetëvendosje, quien ejerce ilegalmente el cargo de director general de la Autoridad de Competencia.

Beqa, como director de la AKK, agredió físicamente a su colega Elezi dentro de las instalaciones de la institución donde trabaja. Por este caso, la Fiscalía Básica de Pristina presentó una acusación contra Beqa por agresión física.

“El acusado, con la intención de causar lesiones corporales a otra persona, el ahora perjudicado Shemsi Elezi, lo agredió de tal manera que, tras una disputa previa, mientras el perjudicado había salido al pasillo junto a la fotocopiadora, el acusado, sorprendiéndolo por detrás, empezó a agredirlo con patadas y puñetazos en distintas partes del cuerpo, haciéndolo caer al suelo”, se indica en la acusación.

Las heridas que le causó a Shemsi Elezi el director Selajdin Beqa.

Las acciones de Beqa no terminan aquí.

El 16 de abril de este año, la trabajadora A.A., de la Autoridad de Competencia, presentó una queja ante la Agencia de Información y Privacidad. Afirmaba que el director Beqa la había vigilado y monitorizado mediante las cámaras de seguridad. Decía que las grabaciones de esas cámaras se le enviaban a través de un funcionario de TI, quien, además, en el momento en cuestión no estaba autorizado para supervisar el sistema de cámaras.

Beqa es conocido por su cercanía al partido en el poder, el Movimiento Vetëvendosje. En las elecciones de 2017 y 2021, VV lo designó miembro de la Comisión Municipal Electoral de Pristina.

En una ocasión, Beqa se dirigió por carta al ministro Xhelal Sveçla para solicitar permiso para portar un arma en todo momento. Le dijo que su trabajo como responsable de imponer multas a distintas empresas que infringen las leyes de competencia conllevaba riesgos.

La amenaza que la presidenta de la AKK profirió contra su colega se produce dos días después de que faltara por tercera vez consecutiva a la comparecencia ante la Comisión de Economía de la Asamblea. El 10 de noviembre se presentaron dos miembros de la Autoridad, pero ella no. El presidente de la Comisión, Arben Mustafa, dijo que no había dado ningún motivo concreto.

Ese mismo día, llegó a la Asamblea una carta de los funcionarios de la Autoridad, fechada el 9 de noviembre y registrada el 10 de noviembre. Piden una intervención institucional urgente en relación con “la grave situación creada en la AKK, el menoscabo de la seguridad jurídica y el incumplimiento de las decisiones de los órganos administrativos y judiciales competentes”. Mencionan que el director general, Selajdin Beqa, ha sido suspendido de sus funciones, pero sigue presentándose a trabajar y ejerciendo el cargo, como si las decisiones no existieran.

La carta enumera tres decisiones. La Comisión Independiente de Supervisión de la Función Pública, mediante la decisión A. 49/2026, ha obligado a la Comisión de la Autoridad a suspender a Beqa en un plazo de 15 días. El Tribunal Básico (AKP 967/2026) ha rechazado la solicitud de la Autoridad de una medida provisional. El Tribunal de Apelación (AA 1330/2026) ha rechazado por infundada la medida provisional solicitada por la Autoridad, dejando en vigor la decisión de suspensión.

Los funcionarios también señalan que existen dos acusaciones contra Beqa, pero que no se han tomado medidas para suspenderlo conforme al artículo 69, apartado 1.5, de la Ley de Funcionarios Públicos. Esta prevé la suspensión del funcionario civil cuando se ha iniciado contra él un procedimiento penal por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones.

En la parte de la carta titulada “Menoscabo de la seguridad jurídica y del clima laboral dentro de la institución”, los funcionarios describen un entorno laboral sin garantías básicas. “Además del incumplimiento de las decisiones, la situación creada también va acompañada de un clima constante de presión, intimidación e inseguridad para el personal de la Autoridad”.

Allí se señala que los funcionarios de la institución “se enfrentan a un entorno laboral en el que faltan las condiciones básicas de seguridad jurídica y profesional para el desempeño de sus funciones”. “La continuidad en el ejercicio del cargo por parte de un directivo respecto del cual existen decisiones pertinentes de suspensión, mientras estas decisiones no se ejecutan, ha creado una situación institucional grave e inestable”, dice la carta obtenida por VOX.

En este sentido, han pedido a la Comisión de Economía, entre otras cosas, que examine urgentemente esta situación y solicite a la comisión de la AKK explicaciones y responsabilidades oficiales por el incumplimiento de la ley en lo que respecta a la suspensión de Beqa.