En noviembre de 2016, David Schwendiman compareció por primera vez ante los periodistas en calidad de fiscal jefe de las Salas Especializadas de Kosovo.

Entre otras cosas, estableció una línea clara entre la ley y la política.

“Tomaré decisiones basándome únicamente en los hechos —los hechos que tenemos y que seguiremos recopilando—, así como en nuestra mejor interpretación de la ley, y no en si lo que decida hacer tiene consecuencias o implicaciones políticas, diplomáticas o de otra índole”, David Schwendiman.

Schwendiman había sido nombrado fiscal jefe por un mandato de cuatro años.

Pero una llamada telefónica en febrero de 2018, después de solo dos años en el cargo, marcó un giro inesperado en La Haya.

Al parecer, en los pasillos de la diplomacia occidental se esperaba que actuara con acusaciones rápidas.

Y su etapa en La Haya llegó a su fin.

“No dimití: simplemente mi gobierno me dijo que mi tiempo había terminado y lo acepté”, David Schwendiman.

El escenario quedó preparado para Jack Smith, el controvertido fiscal que, en menos de dos años, reunió en una acusación todos los casos tratados anteriormente por la justicia internacional y la de Kosovo, presentando al ELK como una “Empresa Criminal Conjunta”.

Publicaría el anuncio de la acusación en junio de 2020, precisamente cuando se preparaba una importante reunión en la Casa Blanca entre Kosovo y Serbia, con la presencia del presidente Donald Trump.

Para Schwendiman, la justicia no podía impartirse con prisas y sin pruebas sólidas. 

Compartió esta reflexión poco después de terminar su mandato.

“He ordenado que se realice una evaluación adicional para determinar si deben presentarse acusaciones, es decir, si una acusación propuesta se sustenta en: pruebas que estarán disponibles para ser presentadas durante el juicio; y pruebas que, tras ser sometidas al escrutinio de una defensa bien informada, responsable y decidida, probablemente serán suficientes, tanto en cantidad como en calidad, para que los acusados sean declarados culpables, en relación con cada acusado y cada acusación propuesta para su confirmación, mediante sentencias condenatorias que puedan mantenerse incluso en caso de apelación”, David Schwendiman.

Entre líneas, dio señales de que la diplomacia europea exigía actuar a toda costa y cuanto antes.

“Los donantes que actúan con buenas intenciones deben tener cuidado de no hacer que instituciones como la Fiscalía sean aún más vulnerables, al no comprender la naturaleza de las investigaciones penales y de los procedimientos de enjuiciamiento de crímenes atroces, y al exigirles más de lo que pueden asumir. Pueden esperar que las investigaciones y los enjuiciamientos concluyan en un plazo relativamente breve, con recursos que podrían ser suficientes en los casos en que existe un sistema judicial consolidado”, David Schwendiman.

Tras la marcha de Schwendiman, en mayo de 2018, Jack Smith fue nombrado al frente de la Fiscalía: una figura cuya manera de actuar sería cuestionada más adelante.

Smith redactó rápidamente una acusación, la hizo pública sin que estuviera del todo lista, arrestó a los cuatro líderes del ELK, presentó sin dificultad al ELK como una organización criminal y mantuvo una estrecha línea de comunicación con la Unión Europea.

Un mes después del traslado a La Haya de Thaçi, Veseli, Krasniqi y Selimi, en diciembre de 2020, Jack Smith y la presidenta de las Salas Especializadas, Ekaterina Trendafilova, se reunieron con los embajadores de los países de la UE, financiadores de las Salas Especializadas.

Allí, antes de que comenzara el juicio, de que se escucharan las pruebas y los testigos y de que la defensa pudiera responder, se repartieron condenas a cadena perpetua para los líderes del ELK.

Más tarde, Jack Smith dejaría La Haya para emprender su nueva misión en Estados Unidos: procesar a Donald Trump, el hombre que había trastocado la reunión de junio de 2020.

El juicio en La Haya no comenzaría hasta tres años después y, cuando finalmente empezó, se desarrolló en gran medida a puerta cerrada, con acciones coordinadas de mecanismos dentro y fuera de las Salas Especializadas, en la UE.

El 16 de septiembre, tras un proceso en el que las organizaciones internacionales también constataron numerosas infracciones, se anunció el veredicto, sin que estuviera respaldado por pruebas en ninguna parte.

Lo que comenzó en 2016 como una promesa de David Schwendiman de impartir justicia basada en los hechos y separada de la política se convirtió en un proceso en el que, probablemente, la presión de los donantes y los intereses políticos determinaron el golpe del martillo del juez, demostrando que, cuando la política entró por la puerta del tribunal, la justicia fue la primera en escapar.