Arrepentida y entre lágrimas, la ministra de Cultura de Noruega, Anette Trettebergstuen, dimitió en 2023, admitiendo que se había equivocado al nombrar a amigos suyos en las juntas directivas de la ópera, el teatro y los museos.

Este acto representa, naturalmente, un alto estándar de gobierno político, que la familia del primer ministro de Kosovo vive a diario.

Pero Albin Kurti no ofrece un estándar así a los ciudadanos que gobierna desde hace seis años.

Los nombramientos y las contrataciones de familiares, amigos y correligionarios son una política abierta en los gobiernos de Kurti, como si fueran una norma obligatoria.

Nadie rinde cuentas. Nadie dimite.

La dimisión ni siquiera se considera cuando los ministros están bajo acusación formal, son investigados por malversación o han sido sorprendidos interviniendo en contrataciones, como ocurrió en los casos de Rozeta Hajdari, Faton Peci y Artane Rizvanolli.

«Arlinda acudió a la justicia y no recibió la protección que solicitó. Lamentablemente, no acudió al Gobierno», Donika Gërvalla.

Es una declaración escandalosa. Un grave insulto a la víctima, asesinada brutalmente por los familiares de su marido mientras se encontraba en manos del sistema judicial y de seguridad.

Ante algo así, en un Estado con un gobierno responsable, la dimisión o el cese serían medidas indispensables.

Pero Kosovo no es la Noruega de Albin Kurti.

Por eso, su familia tampoco quiere vivir aquí y sentir cada día la situación de la justicia, la seguridad, la educación y la economía.

O las noticias diarias sobre la falta de medicamentos y de condiciones esenciales en los hospitales, por las que el ministro nunca se siente responsable.

Porque Kosovo tampoco es como Portugal, donde la ministra de Sanidad dimitió tras las críticas a su decisión de cerrar temporalmente el servicio de urgencias obstétricas, lo que expuso a las mujeres embarazadas a riesgos.

Y tampoco es como Polonia, donde un ministro dimitió tras descubrirse que había presentado una queja contra una empleada del servicio postal público simplemente porque ella lo había criticado por el alto coste de la vida en el país.

En Kosovo, los funcionarios de la administración reciben un recorte del 50 % de su salario por sus opiniones profesionales, o son degradados cuando se oponen a decisiones que consideran ilegales.

El primer ministro Albin Kurti entiende perfectamente la diferencia entre Kosovo, que él dirige, y Noruega. Por eso prefiere que su familia disfrute allí del Estado de derecho, mientras vende a los kosovares cada día el cuento de una «gobernanza responsable y con las manos limpias».