Lo que comenzó como una condición innegociable, una necesidad urgente y una exigencia del momento, se ha convertido en un documento de varias páginas cubierto de explicaciones sobre el procedimiento.

La estrategia estatal de apoyo a los exdirigentes del UÇK, que la oposición de Kosovo reclamó tras la injusta condena en el Tribunal Especial, se convirtió en un documento llamado grupo de trabajo, que determina quiénes son los actores, no para implementar una estrategia estatal ya clara, sino para encontrar una estrategia en medio de una situación de total incertidumbre.

La falta de seriedad sin precedentes del Gobierno queda patente en la ausencia de lo más importante de este documento: ni un céntimo previsto para este trabajo. El primer ministro se excusa por ello diciendo que corresponde al presupuesto de 2027, sin ofrecer aclaraciones.

Primer ministro, la aprobación del presupuesto tendrá lugar y nadie te impide prever fondos para algo tan vital. Al fin y al cabo, eres tú quien prevé presupuesto tanto para la paga número 13 como para los 100 euros de fin de año.

Por otra parte, al leer las tareas y responsabilidades de este grupo, viene a la mente el dicho de Winston Churchill, quien decía: «Una comisión es un grupo de personas que, por separado, no pueden hacer nada, pero juntas pueden decidir que no se puede hacer nada».

«Redactar… identificar… cooperar… examinar… proponer…»

Esas son, pues, las tareas y responsabilidades del grupo que pretende salvar en La Haya al cuarteto del UÇK.

¿Saben quién ocupa el segundo lugar por importancia entre quienes toman decisiones en este grupo? Un representante del Ministerio de Donika Gërvalla.

Ella no menciona la inocencia de los exdirigentes del UÇK, los llama condenados y, en la misma frase en que habla de ellos, dice que está del lado de las víctimas.

Así que, justo un mes después de la condena de 81 años contra el UÇK, tenemos que esperar otro mes para que el llamado grupo de trabajo proponga la estrategia que se proclamó como urgente.

Mientras tanto, un mes después de la condena, las plazas que rebosaban de peticiones de justicia están ahora vacías, sin ciudadanos que protesten, sin preocupación visible por la injusta condena, y con personas que han depositado sus esperanzas en la estrategia estatal, que aún nadie sabe exactamente qué es.